La pregunta sobre ciudadanía del censo deja al descubierto las divisiones ideológicas en la Corte Suprema

Carlos Chirinos y José Ángel Gonzalo

Univision Notiias

Apr 24, 2019

En la audiencia realizada en la Corte Suprema de Justicia en Washington este martes para escuchar los argumentos sobre la controvertida pregunta sobre ciudadanía que el gobierno de Donald Trump quiere incluir en el próximo censo, y que algunos dicen que es discriminatoria con los inmigrantes, algunos percibieron la división ideológica del tribunal, que cuenta con una sólida mayoría conservadora desde que el presidente logró nombrar dos nuevos magistrados.

Quienes asistieron a la sesión (que por reglas de la corte no puede ser grabada en cámara, ni reportada al exterior mientras dure la sesión) destacan que los 5 jueces de tendencia conservadora parecieron ser comprensivos con los argumentos del gobierno, mientras que los 4 considerados liberales cuestionaron la base legal.

El abogado del gobierno Noel Francisco se vio interrumpido con frecuencia por varios de ellos, particularmente la jueza Sonia Sotomoyar, quien pareció escéptica con la justificación presentada por el Departamento de Comercio para incluir la polémica pregunta. “La enumaración es cuánta gente vive aquí. No cuántos son ciudadanos”, dijo Sotomayor a Francisco y afirmó que no le quedaba duda que la pregunta haría que la gente respondiera menos al cuestionario. “Si estamos hablando de predicciones, es un 100% seguro que la gente responderá menos”, a lo que el representante legal del ejecutivo dijo que eso se había tomado en cuenta en el balance, que el Departamento de Comercio consideró más positivo que negativo.

El tipo de preguntas o el intercambio de los magistrados con las partes que argumentan no necesariamente indica la inclinación de los jueces, porque muchas veces hacen preguntar para poner a prueba los argumentos al estilo de "abogados del diablo" sin que eso signifique que estén de acuerdo o no con lo que se les está presentando.

Las razones de Ross

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en marzo de 2018 la reintroducción de una pregunta sobre la nacionalidad, abandonada hace más de sesenta años, en los formularios para el censo de 2020.

El centro del debate legal en la Corte Suprema este martes estuvo en la racionalidad de Ross a la hora de tomar la decisión de incluir la pregunta.

La fiscal de Nueva York, Barbara Underwood, fue la encargada de presentar los argumentos de la parte opositora. Underwood aseguró en su presentación que el secretario Ross había dado para justificar su decisión deformaba los datos recibidos de sus propios expertos.

En ese momento John Roberts, quien es el presidente del tribunal, preguntó a la fiscal si tener los datos de ciudadanía no eran críticos para poder aplicar la Ley de Derechos del Votante, que es la razón de fondo que ha esgrimido el gobierno. “No es esa una data crítica”, preguntó Roberts.

Underwood respondió que se trataba de una información “muy útil que el país tenga” pero que no debería estar incluida en un mecanismo como el Censo cuya principal función es contar personas, sobre todo cuando se sabe (como reconocen los expertos del Departamento de Comercio) que con ella se reducirán las respuestas.

En ese tema de la inhibición de la participación, los jueces conservadores Neil Gorsuch y Samuel Alito expresaron dudas de que la única razón pueda ser la incorporación de la pregunta de ciudadanía, observado que otras diferencias socioeconómicas entre ciudadanos y no ciudadanos, o la competencia de lenguaje podría tener incidencia. Ya varios jueces federales de cortes menores determinaron que la explicación del secretario no es convincente y que ignoró una amplia gama de leyes y normas federales cuando ignoró el consejo de funcionarios de carrera que dijeron que incluirla en el cuestionario afectaría la exactitud del estudio de población.

Académico pero práctico

Aunque la discusión pueda parecer técnica tiene unas implicaciones profundas en todo el país y, especialmente, en las minorías: el Censo, que debe hacerse cada 10 años según la Constitución nacional, es clave para el reparto de unos 675,000 millones de dólares en subvenciones federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.

La decisión suscitó inmediatas protestas de los demócratas y de los defensores de los inmigrantes, para quienes esa pregunta intimidará a los extranjeros en situación irregular y podría generar una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, generalmente dirigidos por los demócratas.

Una veintena de estados, como California o Nueva York, y numerosas grandes ciudades, entre ellas san Francisco y Chicago, denunciaron la nueva versión del censo y fue bloqueada en los tribunales.

Un juez federal de Nueva York les dio razón en enero en un fallo en el que considera que Wilbur Ross "no tuvo en cuenta importantes aspectos" del problema y "actuó irracionalmente". Otros dos tribunales, de California y Maryland, se pronunciaron posteriormente en el mismo sentido.

Los que critican la medida del gobierno de Trump temen, por ejemplo, recibir menos subvenciones que las que les correspondería por su nivel real de población.

Con urgencia

Ante esta situación, el gobierno solicitó a la Suprema Corte que interviniera en el asunto de manera urgente , incluso antes de que se pronunciaran los tribunales de apelaciones.

Es el caso de mayor peso político desde la incorporación a la Corte, en octubre, del juez conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento realizado por Trump que desequilibró al tribunal supremo en perjuicio de los progresistas (cuatro de nueve).

Los magistrados deberían pronunciarse antes de junio para que los formularios del censo puedan ser impresos a tiempo.

Uno de los temas del debate son las intenciones de Wilbur Ross. Durante audiencias públicas realizadas en 2018, el secretario de Comercio dijo que su decisión de ajustar la pregunta sobre la ciudadanía obedeció a un pedido del Departamento de Justicia, que pretendía, según dijo, obtener datos más precisos para hacer respetar las leyes electorales.

Luego quedó claro que fue el propio Ross quien pidió a su par de Justicia que formulara esa demanda.

La oficina del censo había además advertido a Ross a comienzos de 2018 sobre las consecuencias negativas de su idea. Sus expertos estimaron entonces en al menos 1,6 millones de personas que se abstendrían de participar en el censo si se les preguntara por su nacionalidad.

Luego revisaron esos cálculos y elevaron la cifra a 6,5 millones de personas, sobre una población total de 320 millones, según documentos judiciales presentados a la Corte Suprema.

La organización de defensa de los derechos civiles ACLU denunció un "subterfugio" destinado a "cubrir el verdadero objetivo" del gobierno, es decir "reducir el peso político de las comunidades atacadas por la administración Trump desde su llegada al poder".

El presidente, que hizo de la lucha contra la inmigración legal e ilegal uno de los puntos fuertes de su gestión, defendió el agregado de la "pregunta esencial sobre la ciudadanía" de los interrogados en el formulario.

Sin ella, tuiteó a comienzos de abril, el censo "perdería toda significación y ello equivaldría a despilfarrar miles de millones de dólares (ridículo)".

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