Exija Una Investigación Congresual Del Dhs Para Detener La Violencia Mortal

El Congreso debe actuar, con decisión y sin demora. La autoridad de la ley no depende únicamente de la fuerza, sino de la contención, la disciplina y la rendición de cuentas. El 7 de enero de 2026, Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fue baleada y asesinada en Minneapolis cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra su vehículo. Acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela. Funcionarios federales afirmaron que el tiroteo estaba justificado, y que la Sra. Good intentó usar su automóvil como arma. Esa afirmación no es suficiente. Cuando el gobierno federal quita una vida, le debe al público una explicación completa y transparente, sustentada en pruebas, no en defensas automáticas.

Al día siguiente, el 8 de enero de 2026, agentes federales dispararon contra dos personas durante una parada de tráfico en Portland, Oregón. Sus condiciones no se conocían de inmediato. Estos incidentes forman parte de un patrón más amplio y profundamente preocupante. En los últimos cuatro meses, agentes federales de inmigración han disparado contra al menos nueve personas en cinco estados y en Washington, D.C.; cada uno de esos tiroteos involucró a una persona dentro de un vehículo, y al menos otra persona ha muerto. Cada vez, la explicación ha sido idéntica: el temor de ser atropellados por un automóvil. Cuando el uso de fuerza letal sigue el mismo guion una y otra vez, el Congreso no solo está autorizado a intervenir; está obligado a hacerlo.

Este patrón no comenzó en enero de 2026. En septiembre de 2025, Silverio Villegas-Gonzalez fue baleado y asesinado fuera de Chicago durante una detención migratoria; en octubre de 2025, Carlitos Ricardo Parias recibió un disparo en Los Ángeles en circunstancias similares. En ambos casos, los relatos oficiales fueron posteriormente cuestionados por la evidencia disponible.

El Congreso debe exigir ahora una investigación congresual completa sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración, incluidos los controles de tráfico, las reglas de enfrentamiento, la capacitación, la supervisión y la revisión posterior a los incidentes. Esto no es un ejercicio simbólico. Es una prueba de si el poder federal será gobernado por la ley o excusado por la repetición. Si el Congreso no actúa, envía el mensaje de que una placa, por sí sola, justifica el uso de fuerza letal, una idea que contradice nuestra Constitución y la promesa estadounidense de que nadie está por encima de la ley.