LULAC DEMANDA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL PARA MANTENER A LOS AGENTES ARMADOS DE ICE FUERA DE LAS CASILLAS ELECTORALES DE ESTADOS UNIDOS
La organización de derechos civiles latina más antigua y grande del país encabeza una demanda federal para garantizar que toda persona con derecho a votar pueda emitir su voto libre de intimidación
WASHINGTON, DC — La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) presentó hoy una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con el fin de impedir que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos coloque agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de las casillas electorales durante las elecciones intermedias del 3 de noviembre. LULAC es la demandante principal en el caso League of United Latin American Citizens v. U.S. Department of Homeland Security, et al.
“LULAC fue fundada en 1929 por estadounidenses que entendían que la ciudadanía no significa nada sin el voto, y hemos defendido ese principio durante 97 años sin distinción de partido”, declaró Roman Palomares, presidente nacional y presidente de la junta directiva de LULAC. “La cuestión que se plantea ante el tribunal no tiene que ver con la inmigración. Se trata de si el gobierno federal puede apostar agentes armados entre un ciudadano y la urna. El Congreso respondió a esa pregunta en 1865, y la respuesta fue no. Nuestro voto es nuestra voz, y LULAC no se quedará de brazos cruzados mientras cualquier administración, de cualquier partido, pone a prueba si esa voz puede ser silenciada”.
Se suman a LULAC como codemandantes Common Cause, organización no partidista de defensa del derecho al voto con más de 1.5 millones de integrantes en todo el país; UnidosUS, organización líder en derechos civiles y defensa de la comunidad hispana, con una red de más de 300 afiliadas comunitarias en todo el territorio nacional; y la Ciudad y el Condado de Denver, Colorado, gobierno local responsable de administrar las elecciones para cientos de miles de votantes. Democracy Forward, organización jurídica nacional que litiga contra acciones gubernamentales ilegales, y Public Rights Project, grupo jurídico sin fines de lucro que colabora con gobiernos estatales y locales para defender los derechos civiles de sus residentes, representan a los demandantes.
“Esta política causa su daño antes de que un solo agente cruce la puerta”, afirmó Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC. “Cuando una abuela que ha votado durante 40 años, una ciudadana naturalizada que emite su primer voto o un joven cuyos padres carecen de estatus migratorio se entera de que ICE podría estar esperándolos en las casillas, muchos de ellos se quedarán en casa. Ese es el efecto intimidatorio, y golpea con mayor fuerza a las familias latinas de estatus migratorio mixto. Toda auditoría creíble, incluidas las revisiones realizadas por funcionarios electorales estatales de ambos partidos, ha concluido que el voto de personas no ciudadanas es sumamente raro. Aquí no hay ningún problema que los agentes armados puedan resolver; solo hay votantes con derecho a votar a quienes pueden ahuyentar”.
La demanda impugna una política que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó el 1 de septiembre, cuando declaró que los agentes de ICE pueden ingresar a los centros de votación para ejecutar órdenes judiciales y realizar otras labores de control migratorio. LULAC sostiene que la política viola una ley federal promulgada en los últimos meses de la Guerra Civil, hace más de 150 años, que prohíbe al gobierno apostar personal federal armado en cualquier lugar donde se celebre una elección, salvo para repeler a un enemigo armado de Estados Unidos. La demanda también argumenta que la política es arbitraria y caprichosa conforme al derecho administrativo federal.
“No permitan que el miedo haga el trabajo de una política que estamos luchando por anular”, dijo Palomares. “Confirmen hoy su registro electoral. Hagan un plan para votar anticipadamente si su estado lo permite. Conozcan sus derechos y, si ven a alguien intentando intimidar a los votantes en una casilla electoral, denúncienlo de inmediato. Luego hagan lo único que nadie puede quitarle a una persona con derecho a votar: preséntense y emitan su voto. Los concilios de LULAC en comunidades de todo el país estarán ahí con ustedes”.
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